Tres de las víctimas fueron identificadas como Carlos Alberto Castro, Luis Guillermo Méndez y José Estiben Campuzano, mientras que los otros dos cuerpos aún no han podido ser reconocidos. Además de las muertes, los atacantes destruyeron maquinaria amarilla utilizada para la extracción de oro, profundizando la crisis económica y de seguridad que atraviesa la región.

La Defensoría del Pueblo recordó que ya había advertido sobre la grave situación mediante su Alerta Temprana 013 de 2025, que incluye a San Pablo entre los municipios en riesgo extremo por la imposición de normas y control social por parte de grupos armados ilegales.

El organismo también señaló que la Alerta Temprana 034 de 2023 había alertado sobre los enfrentamientos entre el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y bandas locales por el dominio de la minería ilegal y los corredores estratégicos de la Serranía de San Lucas.

El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de la Primera División del Ejército Nacional y constituye la masacre número 68 en lo que va de 2025, de acuerdo con los registros de organizaciones de derechos humanos.

Mientras las autoridades adelantan operativos para ubicar a los responsables, las familias de las víctimas y los mineros desplazados reclaman la presencia permanente del Estado y garantías de seguridad para regresar a sus labores.