La toma del Palacio de Justicia: versiones encontradas y un número incierto de víctimas
El 6 y 7 de noviembre de 1985, Bogotá vivió uno de los episodios más sangrientos de su historia moderna: la toma del Palacio de Justicia, ejecutada por el Movimiento 19 de abril (M-19). Según la Comisión de la Verdad, el objetivo del grupo era realizar una “demanda armada” ante los magistrados y celebrar un “juicio público” contra el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur. La operación terminó en tragedia.
El número de víctimas continúa siendo motivo de controversia. Datos oficiales hablan de 94 muertos, pero el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien lideró la retoma militar, aseguró que fueron 105. Otra cifra, aportada por el general (r) Miguel Vega Uribe, eleva el total a 115 fallecidos. Casi cuatro décadas después, la dimensión real de la masacre sigue sin resolverse.
Carlos Eduardo Medellín, hijo del magistrado asesinado en el Palacio de Justicia, señaló que hubo un desequilibrio entre el indulto al M-19 y los juicios a militares por la retoma.
— La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) November 4, 2025
“Si no hay verdad, justicia y reparación para todos, seguiremos viendo lo que pasa hoy: unos en la… pic.twitter.com/fkqVezRX7S
En su declaración ante la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, exintegrante del M-19, explicó que la guerrilla buscaba abrir la puerta a negociaciones de paz. “El M-19 entendía que el objetivo político era construir un país democrático”, afirmó en la audiencia, citada por El Tiempo.
Petro relató que, previo a la toma, la organización había pactado una tregua con el Gobierno. Sin embargo, sostuvo que el campamento guerrillero fue atacado por decisión conjunta de la cúpula militar y el presidente Betancur, lo que habría sido interpretado como una “traición” y detonante de la ofensiva contra el Palacio. El ataque, según esa versión, fue planificado por la cúpula del movimiento y contemplaba la presentación de documentos durante la ocupación, a modo de “demanda armada”.
Las dos jornadas estuvieron marcadas por un intenso fuego cruzado entre insurgentes y Fuerzas Armadas. Petro afirmó que estudios de balística habrían demostrado que las armas utilizadas para asesinar a varios magistrados no pertenecían a la guerrilla, una tesis que continúa siendo objeto de discusión judicial e histórica.
A casi cuatro décadas del ataque, la toma del Palacio de Justicia sigue siendo una herida abierta para Colombia, con familias que aún reclaman verdad total y certezas sobre el número real de víctimas, los desaparecidos y las responsabilidades del Estado y la insurgencia.







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