La defensa del exdiputado del Atlántico había acusado a la fiscal de falta de imparcialidad, pero la Dirección de Lavado de Activos consideró infundado el pedido y ratificó su continuidad. Incluso un segundo intento de la defensa para reasignar el caso fue descartado por la Fiscalía, que respaldó la actuación de la funcionaria.

Camargo desmintió versiones sobre una supuesta disputa interna en el ente acusador y aclaró que las diferencias con Laborde se limitaron a “preocupaciones menores” derivadas de la gestión administrativa.

“No existe una polémica entre la fiscal del caso y mi despacho. Las actuaciones se han desarrollado dentro de los parámetros institucionales”, sostuvo la funcionaria.

La controversia surgió cuando Laborde cuestionó la designación de una fiscal de apoyo en una etapa procesal que, según ella, ya no lo requería. Camargo respondió defendiendo la independencia de la investigación y reiterando que no hubo interferencia alguna.

Laborde lidera dos procesos contra Nicolás Petro. El primero, ya en juicio, lo vincula con los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por presunta financiación irregular en la campaña presidencial de 2022.

Según la acusación, el hijo del mandatario habría recibido más de 1.053 millones de pesos de origen ilegal y se habría apropiado de una parte para su beneficio personal, junto con su expareja Day Vásquez.

El segundo proceso, aún en etapa de imputación, abarca delitos como peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos, por hechos ocurridos durante su gestión como diputado del Atlántico. La próxima audiencia se realizará el 8 de noviembre en Barranquilla.

Con esta resolución, Nicolás Petro deberá afrontar la fase más crítica del juicio bajo la misma fiscal que impulsó las investigaciones desde sus inicios.