El presidente Gustavo Petro recibió un golpe directo este jueves, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió suspender de manera provisional el polémico “decretazo” con el que su Gobierno había intentado imponer, por la puerta de atrás, su cuestionada reforma a la salud.
Se trata del Decreto 0858 de 2025, firmado en julio por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que buscaba instaurar un nuevo modelo sanitario con enfoque preventivo, predictivo y resolutivo.
Lo digo con todas las letras: suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 23, 2025
La ley ordena un sistema preventivo para Colombia https://t.co/MtkEbMwqHu
Nuevo revés para @petrogustavo y @GA_Jaramillo.
— Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) October 23, 2025
El @consejodeestado acogió mi solicitud de medidas cautelares y suspendió el Decreto 0858 de 2025.
Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el “plan b” o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado. pic.twitter.com/KBc6f2w7jH
En los hechos, el decreto incluía varios de los puntos centrales de la reforma hundida en el Congreso, trasladando el sistema hacia los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y las Redes Integradas Integrales Territoriales de Salud (RIITS).
El Consejo de Estado fue contundente: solo el Congreso tiene la potestad de legislar y transformar aspectos estructurales de la salud, no el Ejecutivo mediante un decreto.
El fallo dejó en claro que Petro y su gabinete se extralimitaron al intentar redefinir de manera obligatoria la gobernanza territorial del sistema e integrar a todos los actores —públicos, privados y mixtos— bajo su esquema.
El alto tribunal precisó que el Decreto 0858 desbordaba los límites constitucionales al sustituir decisiones que deben adoptarse en el debate democrático del Legislativo. En otras palabras, la “reforma por decreto” de Petro violaba el principio de reserva de ley.
La noticia fue celebrada por sectores de la oposición. El representante Andrés Forero, quien promovió la demanda, afirmó: “Es un alivio para los colombianos que este plan B de reforma a la salud vía decreto haya quedado empantanado”.
Molesto por la decisión judicial, Petro reaccionó asegurando que “suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana”. Sin embargo, la Justicia le recordó que no puede pasar por encima de la Constitución ni gobernar como si el Congreso no existiera.
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