De acuerdo con revelaciones conocidas esta semana, las autoridades tienen en su poder audios, chats y videos en los que Miguel aparece como presunto articulador de contratos irregulares entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en el período 2020-2022.

En las audiencias contra el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, el exjefe Elkin González y la funcionaria del AMVA Yaneth Rúa, la Fiscalía expuso un correo en el que un denunciante aseguró que Miguel Quintero y el exsubdirector financiero Álvaro Villada habrían encabezado la red.

Según esa versión, seis contratos por casi 18.000 millones de pesos habrían sido manipulados para desviar más de 2.480 millones. En la misma trama también figura Sebastián Ortega, hijo del cuestionado cacique político de Bello William Ortega.

Los implicados compartían un chat grupal llamado “Amigos”, activo entre enero de 2020 y marzo de 2021, en el que circulaban mensajes, audios y hojas de vida destinadas a ubicar a personas cercanas en cargos del AMVA, una entidad con un presupuesto superior a medio billón de pesos.

Allí, por ejemplo, se habló de la designación de César Augusto Chavarría, finalmente nombrado en Metroparques y hoy imputado junto a Villada.

Las conversaciones también muestran cómo se movían presiones políticas para acelerar contratos, incluso vinculados a familiares de figuras como el exgobernador Luis Pérez. Miguel Quintero llegó a exigir reuniones “para tomar decisiones” frente a demoras en estas gestiones.

Otro capítulo oscuro de la investigación está ligado a un penthouse en El Poblado, identificado como apartamento 1301 del edificio Salamanca.

El inmueble, que perteneció a la mafia y pasó a manos de la Sociedad de Activos Especiales, habría sido usado por los implicados para reuniones privadas.

En videos, Miguel Quintero se atribuía prácticamente la propiedad del lugar, describiéndolo como un espacio de lujo de 500 metros cuadrados que solo requería pagar administración y servicios.

El caso, que sigue en manos de la Fiscalía, amenaza con destapar la mayor red de corrupción ligada a la administración Quintero en Medellín, un escándalo que combina política, negocios turbios y favores familiares.