“Los 16 gestores de las AUC ya eran gestores antes y ninguno por esto saldrá de la cárcel. El objeto de esta mesa de paz es terminar el proceso que Uribe dejó inconcluso; nunca los puso presos, sino que los extraditó y no les dejó decir la verdad. Al contrario, se apropiaron de las tierras que ellos se habían apropiado, algunos amigos suyos Paloma y de Uribe y de Duque”, lanzó Petro en un mensaje cargado de acusaciones.

La declaración del mandatario provocó rechazo inmediato. Con sus palabras, no solo equiparó a los criminales responsables de la violencia más sangrienta del país con supuestos actores de paz, sino que además utilizó el tema para atacar a opositores como la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, a quien vinculó con una red de favores y apropiaciones ilegales.

Valencia respondió señalando la incoherencia de la política oficial: “A quienes pensamos distinto nos trata de fascistas, mientras eleva a ‘gestores de paz’ a algunos de los tipos más violentos en la historia del país”.

El episodio confirma un patrón: en lugar de atender a las víctimas del paramilitarismo y garantizar justicia real, el Gobierno opta por otorgar roles de relevancia a los victimarios, dejando a la sociedad frente al desconcierto de ver a quienes sembraron terror ahora presentados como actores de reconciliación.