Petro respondió en su cuenta de Twitter señalando que “las Fuerzas Armadas no son un Estado dentro del Estado” y que “quienes no entiendan esto, quizás no deberían seguir al frente de nuestras instituciones militares”.

Entre los cambios más polémicos, la propuesta busca otorgar mayor discrecionalidad al Ejecutivo en los ascensos, permitir que oficiales más jóvenes alineados con la visión del gobierno asciendan más rápido, reorientar la doctrina hacia la “seguridad humana” —incluyendo amenazas como cambio climático e inseguridad alimentaria— y limitar la justicia penal militar trasladando casos de posibles violaciones de derechos humanos a la justicia ordinaria.

La creación de la Guardia Nacional, con carácter civil pero entrenamiento militar y bajo mando del Ministerio del Interior, ha sido señalada por los generales como un riesgo de generar una fuerza paralela que podría politizar las Fuerzas Armadas.

En la carta enviada al presidente, los generales expresan que la reforma podría politizar la institución, debilitar la capacidad operativa, crear vacíos territoriales que grupos armados ilegales ya aprovechan y generar conflictos constitucionales por la creación de la Guardia Nacional.

Fuentes militares advierten que la reducción del Ejército y la limitación de operaciones ofensivas coinciden con el aumento de presencia de grupos armados en regiones como el Catatumbo, Bajo Cauca, Nariño y Cauca, donde se documentó un incremento del 47 por ciento en su actividad durante los últimos doce meses.

La tensión refleja un momento crítico en la historia reciente de Colombia, con la cúpula militar dejando claro su compromiso con la Constitución y las leyes frente a un Ejecutivo que propone cambios estructurales que alteran la tradición y la operatividad de las Fuerzas Armadas.