“Desde aquí hacemos un llamado al Ministerio de Defensa, comandante de la Policía, del Ejército, que se pongan las pilas, porque Barranquilla está hasta aquí de la extorsión. ¡Vamos, que sí se puede, carajo!”, reclamó Char, visiblemente indignado, al exigir la intervención urgente del Gobierno nacional.

Sin embargo, en su respuesta, Petro se limitó a señalar que la verdadera solución está en destinar más recursos al gasto social y a los jóvenes, asegurando que la pobreza extrema en la ciudad es la causa del problema. Según él, “hay que modificar el modelo de desarrollo urbano” y “volcar el presupuesto distrital hacia la inclusión de la juventud popular”.

El jefe de Estado incluso llegó a afirmar que Barranquilla “se ha ganado el premio del empobrecimiento en Colombia”, al ser la ciudad donde más crece la pobreza extrema, responsabilizando a la capital del Atlántico de su propio deterioro. Mientras tanto, comerciantes, vecinos y familias enteras siguen siendo víctimas de amenazas, atentados y extorsiones que les arrebatan su tranquilidad.

La contradicción entre el discurso presidencial y la urgencia en las calles es evidente: mientras la alcaldía y las autoridades locales ofrecen recompensas de hasta 10 millones de pesos por información sobre criminales buscados por extorsión y homicidio, el Gobierno nacional opta por discursos abstractos y comparaciones con otras ciudades como Bogotá o Cartagena.

Las palabras de Petro, pronunciadas incluso en escenarios ajenos como la entrega de tierras en Tierralta, contrastan con el reclamo directo de Barranquilla: acciones inmediatas, refuerzo de la seguridad y un combate frontal contra las estructuras criminales que azotan a la ciudad.

El llamado del alcalde es claro: “¡Todo el peso de la ley para los delincuentes que atentan contra la tranquilidad de las familias barranquilleras!”. Pero, mientras tanto, la ausencia de decisiones concretas desde la Casa de Nariño deja a Barranquilla librando sola una batalla contra la extorsión.