La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido este año para juzgar los crímenes de guerra más graves en la historia del país, anunció este lunes que ha decidido abrir el caso sobre las más 2.000 ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate, los llamados “falsos positivos”. Se trata del tercer proceso que asumirá el sistema de justicia transicional surgido de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la ex guerrilla de las FARC.
El caso se abre a partir de un informe elaborado por la Fiscalía que identifica un total de 2.248 víctimas de “falsos positivos” entre 1988 y 2014, en casi la mitad de los casos hombres jóvenes de entre 18 y 30 años. El fenómeno aumentó dramáticamente a partir del año 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), y es especialmente crítico entre 2006 y 2008, detalla el documento.
El Ministerio de Defensa ha entregado a la JEP los listados de 1.944 miembros de la Fuerza Pública, involucrados en 2.586 casos relacionados con hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, que han manifestado expresamente su voluntad de comparecer ante la justicia transicional, que ofrece beneficios jurídicos a cambio de verdad. Más del 90% de los uniformados que se han sometido “lo hicieron por hechos relacionados con muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate”.
En las divisiones del Ejército que concentraron la mayoría de los casos “están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos”, apuntó la JEP. “Conforme a la Fiscalía, existen indicios de que el conocimiento sobre cómo realizar un homicidio y hacerlo parecer una muerte en combate fue transmitido de una unidad militar a otra, en la medida en que los militares presuntamente comprometidos eran traslados a lo largo de su carrera”.
El proceso por los “falsos positivos” pasa así a la etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, y en las próximas semanas dará inicio el llamado a versiones voluntarias a los militares que han decidido comparecer ante la justicia para la paz.
El pasado viernes se instaló el nuevo Congreso, mientras que Santos entregará el próximo 7 de agosto el poder a Iván Duque, quien ha prometido “corregir” aspectos puntuales de los acuerdos sin llegar a hacerlos trizas. Duque ha sido particularmente crítico con respecto tanto a la participación política de las FARC, con 10 escaños en el nuevo Congreso, como con el funcionamiento de la JEP.
