El sábado, según el reporte de La Policía Metropolitana de Ibagué, Sara Ayolina Salazar Palacio llegó al hospital Federico Lleras, de Ibagué, con trauma craneoencefálico severo, múltiples heridas con elemento cortopunzante y signos de posible abuso sexual. También se descubrió que tenía mutilado parte de uno de sus dedos, que estaba desnutrida y con problemas para respirar.
El médico que le prestó atención inmediata a la menor de trres años advirtió a las autoridades que la explicación que entregó Ángela Guerra, cuidadora de la niña, sobre lo que le pasó a Sarita era contradictoria y se trataba de un caso de negligencia.
El alcalde de Armero, Carlos Escobar, manifestó que se creó un grupo de investigación por la Policía y la Fiscalía para esclarecer los hechos y hallar a los responsables. Por otro lado, el comandante de la Policía Metropolitana, Jorge Hernández Morales, sostuvo que se están recolectando pruebas por parte de un grupo especial de investigación y se espera que se determinen las acciones judiciales lo más pronto posible.
Según el testimonio del sacerdote encargado del sepelio, Ruth Salazar, la mamá de la niña tenía muchos problemas económicos. Era tan crítica la situación, que a su último hijo lo había entregado en adopción. Sin embargo, aclaró que ella no tenía ninguna responsabilidad con lo que le sucedió a la niña. “Seguramente en esa casa había algún pedófilo o drogadicto que hizo semejante atrocidad”, planteó el cura.
Cristina Plazas, directora del ICBF, resaltó que este no es un problema netamente del Estado ni de las leyes que pretenden castigar al victimario. “Durante décadas, al país se le olvidó invertir en el núcleo de la sociedad, que es la familia. Se debe instruir a los papás en temas de crianza y resolución de conflictos para que el hogar sea un lugar donde haya amor, respeto y tolerancia. La casa no debe ser un campo de batalla o un sitio de violencia en contra de los niños, porque esto se convierte en semilla para las demás violencias”, puntualizó Plazas.
