Más impune que nunca: Petro firmará un convenio para que 800 iglesias puedan contratar con el Estado sin pagar impuestos
El gobierno del presidente Gustavo Petro está a punto de firmar un convenio con al menos 800 iglesias registradas en el país. Este acuerdo permitiría a estas instituciones, aunque exentas de pagar impuestos, participar activamente en contratos con el Estado, especialmente en áreas educativas, pedagógicas y de asistencia social dirigidas a comunidades vulnerables.
La iniciativa, según fuentes cercanas al proceso, busca flexibilizar los requisitos para la participación de nuevas organizaciones religiosas en el proceso. Se espera que entre 800 y 1,000 iglesias, de un total de 11,000 en todo el país, se unan al convenio. Uno de los cambios principales sería la reducción del requisito de antigüedad, pasando de 20 a 10 años desde su establecimiento para poder celebrar contratos con el Estado.
Sin embargo, esta estrategia no está exenta de polémica. Algunos críticos ven en este acercamiento una movida política para ganar el favor de los siete congresistas del Partido Conservador, MIRA y Colombia Justa Libres, cuyas agendas están fuertemente ligadas a lo religioso.
La relación entre el Gobierno y las iglesias no es nueva. En junio de 2023, ocho iglesias católicas y cristianas firmaron un acuerdo similar, lo que desató fuertes reacciones entre los legisladores. Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, llegó a acusar al Gobierno de "vender el alma al diablo" por esta alianza.
La medida ha sido justificada por el Ministerio del Interior como un respaldo a la libertad de culto. Bajo el liderazgo de Luis Fernando Velasco, este ministerio otorgó facultades a organizaciones religiosas el año pasado, permitiéndoles celebrar matrimonios civiles, establecer centros educativos y suscribir contratos con el Estado para programas sociales y educativos.
Las iglesias que ya han participado en este tipo de contratos han visto un aumento significativo en su alcance y financiamiento. Por ejemplo, la Iglesia Centro Cristiano, liderada por el pastor Satirio Do Santos, ha establecido contratos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras entidades gubernamentales, sumando más de 400 millones de pesos desde 2023.
A pesar de la creciente controversia y las críticas, la firma de este convenio representaría una oportunidad para cientos de iglesias en Colombia para expandir su influencia y participar en proyectos estatales, aunque no estén sujetas a las mismas obligaciones fiscales que otras entidades contratistas. Sin embargo, su impacto a largo plazo sobre la relación entre el Estado y las instituciones religiosas aún está por verse.
