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Debajo de la sotana

La Iglesia evade caso de abuso sexual en la Arquidiócesis de Cali

La justicia colombiana confirmó que el sacerdote William Mazo violó a cuatro niños menores de edad, por lo que fue condenado a 33 años de prisión. (Imagen ilustrativa)

A través de una esquiva carta, en respuesta a otra misiva enviada por Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la institución rechaza este delito al que califica de “atroz crimen contra la humanidad”, pero no acepta explícitamente su responsabilidad en el hecho ni se retracta del polémico concepto en el que se culpa a los padres de los menores de la violación que sufrieron.

La justicia colombiana confirmó que el sacerdote William Mazo violó a cuatro niños menores de edad, por lo que fue condenado a 33 años de prisión. Una vez se dio esta sentencia, la familia de las víctimas iniciaron un incidente de reparación, en el que ahora la Arquidiócesis de Cali envió un concepto diciendo que los padres de los niños tienen culpa en el abuso sexual del que fueron objeto sus hijos.

El cardenal Rubén Salazar Gómez Salazar no hace referencia directa a estos hechos en su carta, solo recuerda que la Iglesia ha puesto en marcha oficinas de protección de menores, talleres y la realización de un manual de conducta, para que “nuestra labor evangelizadora sea desarrollada con los debidos límites profesionales en las relaciones interpersonales y el atento cuidado a la dignidad humana de nuestros menores”.

“La iglesia…. conoce el pecado de algunos de sus miembros: el sufrimiento, la historia y el dolor de los menores que fueron abusados sexualmente por sacerdotes. Estos pecados nos avergüenzan, sí, porque fueron realizados por personas que tenían a su cargo el cuidado de estos pequeños y han destrozado su dignidad. Por eso, reconocemos que somos responsables ante sus padres de brindar todas las condiciones posibles para que nuestras instituciones sean un hogar seguro para sus hijos y nietos”, concluye el religioso en la misiva.

La directora del ICBF le exigió a Salazar que rechazara y desautorizara públicamente esas afirmaciones en el proceso de reparación “sobre la base de que no corresponden a los fundamentos de la fe que profesamos”.

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