Este gobierno se comprometió a hacer de “Colombia el país más educado de América Latina para 2025″ pero su estrategia no establece las fuentes de financiación para lograrlo ni cuenta con las instituciones que se encarguen de la realización con calidad de ese derecho fundamental.

Las estimaciones del costo de la educación que necesita el país, según la Alianza Verde, estarían alrededor de los $10,5 billones adicionales para 2015 y en total $47,6 billones para el actual período de gobierno.

El análisis de la Bancada Verde revela, por ejemplo, que unos 1,6 millones de niños en condición de vulnerabilidad no tienen acceso a formación integral durante la primera infancia y que el costo de extender la cobertura estaría alrededor de $14,6 billones durante este cuatrenio.

“La inversión en programas de primera infancia es una de las mejores estrategias que tenemos para reducir la pobreza y la desigualdad en Colombia” explicó la senadora Claudia López. “Pero para que sea exitosa, es necesaria una destinación específica que garantice la estrategia De Cero a Siempre y avanzar urgentemente en un sistema de seguimiento a sus resultados” agregó.

Al debate están citados los miembros de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI), los directores de Planeación Nacional, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los ministros de Educación y Hacienda. Precisamente al Ministro Mauricio Cárdenas se le indagará por su afirmación del 27 de julio pasado en el sentido de que “este gobierno está comprometido con la educación y el presupuesto en 2015 será de $28,9 billones”.

El déficit en media y superior

“Esa cifra es insuficiente para los retos en educación básica y media que podrían requerir hasta 27,46 de aquí a 2018″ afirmó por su parte el vocero de la Alianza en el Senado, Antonio Navarro Wolff. “Tenemos un problema creciente y sin solución a la vista de deserción escolar. Entre la primaria y la media perdemos el 71% de los estudiantes”. Es decir, unos 3.334018 estudiantes abandonan la escuela durante esta etapa y el 37% de ellos viven en las zonas rurales.

“Esos jóvenes sin perspectivas ni oportunidades son el caldo del cultivo para otra generación en la guerra” expresó Navarro Wolff y cuestionó que el presupuesto para el programa de educación rural se haya disminuido este año a unos 9 mil millones de pesos”. “¿Cómo vamos a incluir a esos 1,2 millones de niños y niñas que están por fuera del sistema en el campo colombiano con menos presupuesto?” inquirió el legislador.

“Las fallas del sistema educativo han resultado en que hoy 2,6 millones de adultos, con más de 20 años, no sean bachilleres y estén condenados a la informalidad laboral y a reproducir el ciclo de pobreza” sostuvo el senador Jorge Prieto, quien hace parte del grupo de citantes al debate por parte de la Alianza Verde.

En el debate también se presentarán los indicios de nepotismo, corrupción y malversación de fondos en instituciones privadas como el Politécnico Gran Colombiano, la Universidad IINCA, la Universidad Cooperativa, la San Martín, la del Área Andina y en públicas como la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD). “Hay serios cuestionamientos al hecho de que algunas de estas instituciones utilizaron subterfugios para cambiar de dueños, incumplir con sus obligaciones laborales y en seguridad social, implantar carruseles y roscógramas de contratación y ofrecer programas sin registro ni acreditación del alta calidad” comentó la senadora López.

Para evitar que se siga estafando a las familias colombianas, los congresistas de la Alianza Verde proponen:

- Elevar los requisitos de registro calificado inicial en un plazo (7 años) y verificar los de alta calidad en 14 años. Las que no cumplan en esos plazos se cierran.

- Crear la Agencia Nacional de Calidad que señale y verifique estándares iniciales

- Crear la Superintendencia de Inspección y Vigilancia que verifique que compromisos de mejoramiento se cumplen

- Denunciar por enriquecimiento ilícito y lavado de activos a las universidades que desvían recursos y no sus matrículas

En Educación Superior, la Alianza Verde estimó en $14,1 billones los recursos necesarios para garantizar la meta del 70% de cobertura en educación superior para 2025.

La bancada en el Senado de la Alianza Verde estimó en unos $133 billones el costo adicional que tendría que desembolsar el país en la próxima década para alcanzar la meta de educación de calidad para todos. Por eso ha convocado a un debate de control político al Gobierno Nacional para estudiar su plan de financiamiento de la educación.

Pero la gran pregunta persiste: ¿De dónde saldrá ese dinero?

La Alianza Verde propuso varias fuentes que pueden financiar la educación que queremos: 1. Eliminar las excepciones de renta a minería y petróleo, 2. Regalías, 3. Impuesto de renta a todos los dividendos, 4. CREE permanente, 5. Eliminar excepciones tributarias a SAS y otros grandes contribuyentes.

El debate sobre cómo financiar la educación que queremos apenas comienza. “Aunque obviamente el principal compromiso con la paz y la educación es eliminar la corrupción, que es el mayor y peor impuesto que pagan los colombianos, especialmente los más pobres!” Puntualizaron los senadores Navarro y López.