Asimismo, señaló que los investigadores recolectaron toda una serie de pruebas que evidencias graves irregularidades, las cuales ya fueron puestas en conocimiento del presidente Juan Manuel Santos.

“La sociedad colombiana está preocupada por el manejo de los recursos para el posconflicto, recursos que tienen que ser sagrados, que son justamente los que se han venido apropiando del presupuesto nacional por virtud de la cooperación internacional para desarrollar proyectos productivos en beneficio de un grupo de reinsertados, a quienes la sociedad les tiene que ofrecer alternativas de economía lícita“, dijo el fiscal Martínez.

El fiscal también señaló: “Si los recursos para desarrollar estos proyectos productivos se desvían, no solamente vamos a cometer una felonía -desde el punto de vista de la moralidad pública- sino que le haremos un grave daño e irreparable al proceso de reconciliación de los colombianos“.

De igual forma, precisó que las indagaciones en torno a este escándalo se vienen adelantando desde el año pasado, con la práctica de pruebas de controles técnicos y seguimientos legales.

“Es así como hemos advertido la existencia de una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de esos proyectos, en beneficio de determinados empresarios y contratistas, a cambio de beneficios económicos“, señaló el fiscal.

De acuerdo con el informe de los investigadores, está red de intermediarios buscaba porcentajes sobre el valor mismo de los millonarios contratos. Según el Fiscal, se estableció que los intermediarios implicados en este caso incluso habrían tenido acceso a información privilegiada sobre los proyectos en trámite de adjudicación.

“Esos intermediarios, según las evidencias técnicas, estarían ofreciendo compensaciones económicas a los funcionarios públicos responsables de las adjudicaciones en estos casos“, dijo Martínez.

Igualmente, se encontró que esta organización de corrupción llegó a seleccionar a firmas encargadas de adelantar las auditorías para evitar los respectivos controles para la ejecución de los contratos que están hoy en la mira de las autoridades.

“De estas circunstancias he dado cuenta al Presidente de la República, a través de una excepción para prevenir en un esfuerzo mancomunado con el Gobierno, que esos recursos se desvíen de la función primordial de servir al propósito de reinsertar lícitamente a este grupo de colombianos que salieron de las filas armadas irregulares y que pretenden incorporarse a la vida civil“, agregó.

El Fiscal celebró que el presidente Santos haya tomado entusiasmo para indagar estos hechos, e indicó que espera que adopte la respectiva intervención a los procesos contractuales al anunciado paquete de proyectos productivos.