Las Cautivas del Cristo Redentor pasan meses intentando cruzar hacia Chile, pero no pueden. Y con una situación de vulnerabilidad extrema, son explotadas en Mendoza, pero la mayoría termina en prostíbulos del Norte o la Patagonia. En el medio hay violencia, mujeres desaparecidas y un sistema paralelo que parece invisible para la gran mayoría de la comunidad mendocina y argentina.

Esta historia es reconstruida a través de testimonios y datos en un trabajo de investigación periodística realizada por FOPEA en el marco del proyecto “La Otra Trama”, que intenta poner de relieve las aristas del crimen organizado en Argentina.

Esta investigación abordó la problemática desde diferentes enfoques: el lavado de dinero, el lugar geográfico por donde acceden a Mendoza, cómo se hace la captación, los clientes, etc.

Y es que la llegada de mujeres y hombres colombianos a Argentina ha tenido un crecimiento enorme en la última década. En 2004, sólo 441 personas de ése país pidieron la residencia. En 2013 fueron casi 17 mil.

Las redes de trata de personas usan cada vez menos los métodos violentos como el secuestro para captar a sus víctimas. Ahora, aseguran, no les hace falta porque les alcanza con aprovechar la vulnerabilidad de las víctimas y realizar promesas falsas.

Un negocio que crece y muta

La explotación sexual de mujeres se convirtió en uno de los negocios ilegales más visibles y dinámicos en Mendoza. Internet, las redes sociales y la aparición de falsas promesas laborales son algunas de las formas de captación. Como en Mendoza están prohibidos los “locales de alterne”, el negocio de la prostitución se trasladó a departamentos privados.

Las organizaciones criminales ya no forman grandes pirámides, sino que trabajan en red y de manera atomizada. Según se pudo reconstruir en el proyecto La Otra Trama, existe mucha fluidez entre San Juan, Mendoza, Chile y la Patagonia para la captación y el envío de mujeres. El ícono de ese negocio lo formó el prostíbulo Pyme VIP, que fue clausurado y cuya causa abrió las puertas para ver cómo funciona el negocio. Por supuesto, también está la connivencia del poder. “La trata de personas corrompe; a la policía, la justicia y al sistema”, asegura el fiscal federal Fernando Alcaraz.

Según datos oficiales, se han rescatado miles de mujeres. Pero en la justicia federal se analizaron los casos de 162 víctimas y al menos 32 eran extranjeras.

Hasta hoy, sólo hay 5 condenas por trata de personas en la región y ningún funcionario entre ellos: la protección policial, política y judicial se mantiene impune. “Muchos de los prostíbulos donde había mujeres que eran víctimas, eran custodiados por la policía. Pedimos investigar las ramificaciones que había, pero no se avanzó”, explicó Katia Troncoso, una de las fiscales que investigó la llamada “megacausa” en San Juan y donde se allanaron unos 20 prostíbulos. A pesar de los testimonios y pruebas, esa causa aún no llega a juicio.