El nuevo Gobierno renunció a la Unasur y ya planea cuatro reformas para el Acuerdo de Paz
Cada vez que le preguntaban si iba a respetar los Acuerdos de Paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos con la ya desmovilizada guerrilla de las Farc, el hoy Presidnte Iván Duque decía: “No vamos a hacer trizas los acuerdos, pero no vamos a tolerar las risas de quienes se quieren burlar del Estado de derecho”. Ahora, 22 días después de llegar al poder, poco a poco el nuevo Gobierno comienza a direccionar sus intenciones frente a los pactos de La Habana, estrategia que involucra necesariamente a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El canciller Carlos Holmes Trujillo reveló que se ha puesto el tema sobre la mesa de ese organismo multilateral, cuyo apoyo a la paz en Colombia ha sido fundamental, la modificación de al menos cuatro de los puntos de la implementación. En concreto, se trata de aquellos que tienen que ver, a futuro, con la conexidad entre la rebelión, el secuestro y el narcotráfico; cerrar la puerta a que los condenados por delitos de lesa humanidad puedan ejercer cargos políticos; la pérdida de beneficios de quienes continúen en actividades relacionadas con tráfico de armas, lavado de activos y narcotráfico, y que la erradicación de cultivos ilícitos tenga carácter obligatorio.
Según Trujillo, reformas necesarias que apuntan a mejorar la implementación del Acuerdo y que fueron abordadas en las reuniones que la semana pasada sostuvo con el secretario general de la ONU, António Gutiérrez, y con los miembros del Consejo de Seguridad. “Los temas que tratamos estuvieron relacionados con la importancia de la Misión de Verificación a la implementación que actúa en Colombia (…) tuve la oportunidad de darle detalles de lo que es la posición del gobierno del presidente Duque y de hacer adecuaciones y modificaciones en cuatro puntos”, explicó.
Puntos que también ratificó el nuevo comisionado de paz, Miguel Ceballos, quien de todas maneras enfatizó que el mensaje del presidente Duque es que su gobierno mantendrá firme la disposición de cumplir con los compromisos que se asumieron con los excombatientes para que continúen en la legalidad, lo cual implica brindarles condiciones de seguridad, justicia y desarrollo económico y humano. En las FARC, ya como partido político, lo que le piden a la comunidad internacional es mantener su respaldo a los acuerdos porque, lo dijo Carlos Lozada, “sí los quieren hacer trizas”.
Por su parte, Guillermo Rivera, quien fuera ministro del Interior en el pasado gobierno de Juan Manuel Santos, le respondió por Twitter a Ceballos —y de paso a Trujillo—, asegurando que la conexidad del secuestro con el delito de rebelión no existe en la actualidad, y que ello quedó consignado en el Acto Legislativo 01 de 2017. “Respetado Miguel Ceballos: este es el artículo pertinente en la Ley 1820 de 2016 (Ley de Amnistía), reiterada en el acto legislativo 01 de 2017. Prohibir que esos delitos sean amnistiados o indultados significa prohibir la conexidad con la rebelión (delito político)”, escribió, mensaje que acompañó de una imagen del texto de la reforma estudiado por la misma Corte Constitucional.
Colombia denunció el tratado constitutivo de Unasur y la renuncia entraría en vigencia en 6 meses: “El presente Tratado Constitutivo tendrá una duración indefinida. Podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados Miembros mediante notificación escrita al Depositario, que comunicará dicha denuncia a los demás Estados Miembros. La denuncia surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Depositario”, plantea el artículo 24 del tratado.
Duque cumple una promesa de campaña y consolida su posición de fuerte opositor al régimen de Nicolás Maduro: “Como ustedes saben, durante varios años denuncié públicamente que Colombia no debería seguir siendo parte de Unasur, porque Unasur es una institución que se ha prestado, con su silencio y muchas veces con su complacencia, para que no se denunciaran los tratos brutales de la dictadura de Venezuela a los ciudadanos”.
