Opinión
Puntos de vista

El Lawfare como estrategia electoral

Marcelo Ostrowsky. (Foto: NOVA)

Por Marcelo Ostrowsky, especial para NOVA

¿Qué es el lawfare? Es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción

Lo hemos visto en la embestida legal contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y muchos ejemplos más.

El rol del Poder Judicial

El Poder Judicial se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Lo hacen a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar “contaminado” por la política.

Ajuste estructural y lucha anticorrupción

El proceso de recorte del Estado y lo público impulsado por las instituciones financieras internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios de los ’80 en América Latina, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia del Estado”. Se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos” (léase: militantes, gente con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos (apolíticos). La persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. A su vez, la corrupción va ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando a los problemas económicos

Tres dinámicas y un actor clave que confluyen para construir el Lawfare

Timing político: implica que el caso judicial (utilizado como un arma) se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados.

Reorganización del aparato judicial: las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de éste.

El doble rasero de la ley: si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros.

Medios de comunicación masivos y concentrados: operan como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento” sobre la corrupción como “enfermedad” del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado.

Lawfare en Argentina

Timing político

Sin duda uno de los ejemplos más destacados fue la muerte del fiscal Alberto Nisman, que condujo a una fuerte desestabilización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año de las elecciones presidenciales en Argentina (2015). En el mes de enero de 2015 se culpó a la presidenta Cristina Fernández del asesinato del fiscal Nisman, sin pruebas fehacientes y sólo en base a presunciones difundidas por la prensa. Durante las gestiones kirchneristas, Nisman llevó adelante la investigación sobre el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, atentado que desde un inicio fue atribuido a “terroristas iraníes”. Sin embargo, desde el caso AMIA hasta la muerte de Nisman hay mucha información poco conocida que vincula a la Argentina con la geopolítica de Estados Unidos en Medio Oriente, pues entre otras irregularidades, hay pruebas de que Nisman informaba periódicamente de los avances de la investigación a la Embajada estadounidense en Argentina. De eso hablaron poco los medios y se centraron en la denuncia que había hecho Nisman a la presidenta Kirchner por haber “fabricado la inocencia” de los supuestos perpetradores del atentado a la AMIA, en complicidad con el gobierno de Irán, a cambio de beneficios comerciales y políticos. Meses después, en mayo de 2015, la Cámara de Casación emitió un dictamen en el que rechazaba las acusaciones contra Kirchner y otros dirigentes afines al oficialismo alegando “inexistencia de delito”. No obstante, desde un principio la prensa criminalizó a la presidenta, de modo tal que ni siquiera el resultado del proceso judicial logró revertir esa imagen y que se materializó, por ejemplo, en la consigna “todos somos Nisman”.

Reorganización del aparato judicial

La causa Nisman no se acabó allí. El 30 de diciembre de 2016, la Cámara de Casación Penal ordenó la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra la AMIA. Otra movida judicial de Mauricio Macri fue, en diciembre de 2015, designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, en lugar de llamar a sesiones extraordinarias para la aprobación de las postulaciones en el Senado. La decisión obedece a motivos políticos: necesitaba que el tribunal estuviera completo (a su favor) ante la inminencia del impacto que generarían muchas de las medidas planeadas (e implementadas). A esto se suma la designación de la diputada Laura Alonso (del partido oficialista) en la oficina anticorrupción. Alonso no es abogada, condición necesaria para asumir el cargo, y por eso Macri modificó por decreto la reglamentación de la Oficina Anticorrupción para permitir que asuma al frente del organismo

Doble rasero de la ley

En el mes de diciembre de 2016, la ex presidenta quedó procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una “asociación ilícita” que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de Néstor Kirchner para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, beneficiando al empresario Lázaro Báez. Además estarían implicados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli.

A raíz de ese caso surgieron otros, como el llamado “la ruta del dinero K”. El fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, comunicó que “descubrieron la trama de cuentas off shore que el clan Báez tenía en Suiza y que estaría asociada, según declaraciones del financista Leonardo Fariña, a los Kirchner”. Esta presunción se presenta como un hecho consumado, aun cuando el proceso judicial está en curso. A esta inculpación previa a la sentencia final se suma una pregunta crucial ¿Qué pasó con la investigación de las cuentas off-shore de la familia Macri, considerando que se trata del presidente de turno, y sabiendo que en otros países hubo mandatarios que tuvieron que renunciar a sus cargos por este tipo de implicación? A fines de diciembre de 2016, fue confirmado que el Grupo Macri tiene 50 sociedades off shore distribuidas en guaridas fiscales en todo el mundo: Panamá, Hong Kong, Bahamas, Londres, Belice, Dubay, Brithish Island, Grand Cayman y Florida, información que será presentada en una ampliación del caso que presentó el diputado Darío Martínez y que lleva el juez Sebastián Casanello. La prensa argentina publicó poco y nada con respecto a este caso, pero sí dio enorme cobertura al caso de Cristina Fernández de Kirchner. A la invisibilización de la implicancia de Macri en los Panamá Papers, se suma una nota de Clarín (publicada el día anterior a la presencia en Tribunales de los hijos de Cristina Fernández), en la que se expresa que el juez Sebastián Casanello recibió un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) – organismo oficialista y que en los últimos meses ha estrechado sus vínculos con el Departamento del Tesoro estadounidense– que absuelve a Macri del lavado de activos. Un dato es que en la versión impresa del diario, a diferencia de la versión digital, el titular omite que el resultado fue brindado por la UIF, para darle mayor credibilidad a la noticia –asumiendo indirectamente la escasa objetividad del organismo-.

Otro caso que trascendió fue el vinculado a “Fútbol para todos”: la jueza María Servini procesó a tres ex jefes de Gabinete de la gestión anterior por las irregularidades publicitarias del programa Fútbol para Todos: Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

Esto fue ampliamente cubierto por la prensa. Sin embargo, se habló menos de los empresarios, principales implicados en el negocio ¿Qué pasó con el gerente de Torneos y Competencias vinculado al escándalo de corrupción de la FIFA? El empresario argentino Alejandro Burzaco, en arresto domiciliario en Estados Unidos por la investigación de corrupción en la FIFA, está además implicado en la filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca en Panamá, que relaciona a numerosas personalidades mundiales con paraísos fiscales. Fue “olvidado” casi totalmente por la prensa, a pesar de ser un doble escándalo.

Continuará…

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