“A pesar del esfuerzo administrativo, técnico y financiero se requieren decisiones inmediatas que permitan que el accionar de las entidades públicas y privadas garanticen los derechos de toda la comunidad Wayúu”, señaló Negret Mosquera.

En esta Audiencia se realizó el seguimiento interinstitucional al cumplimiento de los fallos judiciales y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que están dirigidos a la superación de la grave crisis humanitaria por cuenta de la mortalidad infantil por desnutrición y sus causas asociadas en esta zona del país.

El seguimiento permanente que hace la Entidad sobre la realidad de la Guajira ha evidenciado el incumplimiento por parte de las autoridades que tienen a su cargo la responsabilidad constitucional de velar por la garantía de los derechos de los niños y niñas; las mujeres gestantes y lactantes, y las personas mayores.

Ante esta realidad, la Entidad ha venido alertando y advirtiendo la grave problemática de vulneración de derechos y ha formulado recomendaciones para las comunidades de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.

La realidad de la población en La Guajira

Los informes presentados por el Gobierno nacional no evidencian los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la comunidad Wayúu. La Defensoría recibió información de que se han desarrollado proyectos en el marco de la Alianza por el agua y la vida, pero se desconocen cuántas personas efectivamente están accediendo a agua potable. Para la Entidad, esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la CIDH.

De igual manera, la Defensoría fue informada sobre la contaminación de acuíferos con compuestos de azufre. Sin embargo, no se han reportado las acciones o alternativas frente a esta situación para garantizar el acceso al agua potable.

En materia de seguridad alimentaria, para la Entidad es necesario que se formule un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que garantice la disponibilidad de alimentos de calidad, el acceso y consumo.

En el abordaje del derecho a la salud se debe ir más allá del discurso ante la realidad encontrada por la Entidad. La cobertura de afiliación no ha logrado llegar al 100% de la población. Así mismo, la Defensoría encontró que no hay insumos para medir el acceso en condiciones de oportunidad y pertinencia a la población.

Para la Defensoría, el abordaje de la desnutrición debe estar con la mirada de la seguridad alimentaria y la salud pública del Departamento, para lograr identificar casos, disminuir y erradicar esta problemática en toda la población.

En la medida que no se cuente con sistemas de información articulados e intersectoriales, se dificulta la toma de decisiones oportunas por parte de las Entidades que intervienen y de la misma comunidad.

Negret Mosquera también visitó la ranchería “El Paraíso” ubicada a 16 kilómetros de Riohacha.

Allí escuchó a la comunidad, en particular a los niños y niñas quienes expresaron sus necesidades en materia de salud, alimentación y educación, entre otras.