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Maniobras durante su gestión

Álvaro Uribe encabeza la lista de políticos que acumulan tierras ilegalmente

La hacienda “El Uberrimo”, propiedad del Álvaro Uribe Vélez, forma parte de los predios sobre los cuales se está pidiendo la anulación.

La Contraloría General de la República envió una solicitud a la Agencia Nacional de Tierras pidiéndole de tome medidas judiciales para anular la venta de tierras de origen baldío, en 33 casos, que representan más de 123 mil hectáreas. Detrás de la apropiación de territorio hay reconocidos empresarios, comerciantes y políticos. Entre ellos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su reputada hacienda “El Uberrimo” forma parte de los predios sobre los cuales se está pidiendo la anulación.

Lo que deja en evidencia la Contraloría es que empresarios poderosos y políticos violaron las normas de propiedad de la tierras y a través de maniobras jurídicas lograron englobar sus predios en dimensiones muchos más amplias que las que planean las leyes a través de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) que plantea el máximo de extensión que debe tener un predio productivo.

Los terrenos pertenecientes originalmente al Estado, habrían sido apropiados a través de maniobras jurídicas y en complicidad con funcionarios notariales que dieron vía libre a esta apropiación.

Después de valorar los informes presentados por la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario en los años 2013, 2014 y 2015, sobre 33 casos referentes a 322 predios ubicados los departamentos de Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia, el organismo toma la decisión. Los resultados fueron trasladados a la Fiscalía y Procuraduría, para que dentro del marco de sus competencias determinen si existe responsabilidad penal y disciplinaria.

Recientemente se conoció el documento que sería el proyecto de ley para el “Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales”, un pliego de 56 páginas y 166 artículos, en el que quedan plasmados puntos alcanzados en el Acuerdo de Paz, como el fondo de tierras, y que sería tramitado vía fast track. Su objetivo es establecer el marco normativo de todo lo que tenga que ver con el uso y la propiedad de la tierra.

Los críticos de la nueva propuesta, entre esos el ex presidente, señalan que se cambia la definición de la UAF, que desde el 94 es la cantidad de tierra que, dependiendo de la zona, necesita una familia campesina para subsistir y formar su patrimonio.

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