La acción popular tiene tres argumentos: afectación al medioambiente, a la salud y falta de regulación en cada uno de los pasos del fracking. Desde el tipo de químicos que se utilizan hasta medidas de contención, planes de urgencia y tratamiento de las aguas residuales. “Existe un peligro inminente con muchos aspectos. Hay más de 20 químicos cancerígenos potenciales que se usan. Los químicos en el subsuelo pueden contaminar fuentes hídricas subterráneas de manera inmediata y el subsuelo como tal”, señaló Diazgranados.

La demanda de 32 páginas, con anexos de 123 folios de informes y derechos de petición, alega falta de medidas suficientes para el control de los residuos radiactivos. Basada en información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que algunos de los 48 bloques de hidrocarburos con yacimientos no convencionales se desarrollarían en territorios indígenas o en varias zonas de protección medioambiental.

“Se acude ante esta instancia para clamar la prohibición de estas actividades hasta tanto se expedida una ley por parte del Congreso que prevenga y controle los factores de deterioro ambiental, imponga sanciones, exija la reparación de los daños y garantice el desarrollo sostenible del medioambiente”, dice la demanda. La acción pretende que la justicia suspenda la posibilidad de hacer fracking en Colombia hasta que las autoridades estatales comprueben, con certeza, que esta técnica es inofensiva.

Esta solicitud como medida cautelar está siendo estudiada por el magistrado que lleva el caso, Moisés Rodrigo Mazabel, de la Sección Primera. De fondo, la acción popular busca que, de comprobarse que el fracking genera peligro al medioambiente y a la salud, se prohíba por completo en todo el país apelando al principio de precaución, que plantea que, ante la existencia de un peligro de daño grave e irreversible, o ante la falta de certeza científica absoluta, se prioricé la estabilidad del medioambiente a la hora de tomar decisiones.