Por otro lado, mencionó que este articulado es especialmente nocivo para las clases populares del país, pues aumenta el cobro de las tarifas de energía, en momentos en que las familias colombianas están golpeadas por el alto costo de vida, los aumentos de los bienes y servicios de comienzo de año y la reforma tributaria.

“Este articulado, sin duda, es muy perjudicial para la economía de millones de colombianos, en su mayoría de estrato 3. En otras palabras, estas familias tendrían que reducir sus gastos en alimentos o dejar de cubrir otras necesidades para pagar un servicio de energía mucho más costoso y cuyo cobro quedaría en manos de los comercializadores”, resaltó el legislador.

Y agregó que, para el caso de ciudades intermedias, como Ibagué, el impacto es más negativo, pues los ingresos son menores, hay mayor desempleo e informalidad, además el servicio no es el mejor y los impuestos locales cada vez mayores. “Estamos frente a una propuesta inequitativa desde todo punto de vista, los colombianos no aguantan más impuestos ni más aumentos desmesurados en su canasta de gastos familiar”, puntualizó el magistrado.

Finalmente, hizo un llamado al partido Conservador a oponerse a este articulado y buscar alternativas para proteger la economía de las familias más vulnerables.