Salió "a la luz" red que vendía medicamentos de contrabando para inducir abortos
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En una conversación entre dos personas, una mujer le pregunta a un hombre cuántas pastillas debe tomar una joven con diez semanas de gestación para terminar un embarazo. El interlocutor, identificado como Jorge Narváez Villa, le responde a Nubia que, si no se sabe cuándo fue el último período, es “delicado” contestar esa pregunta. Sin embargo, confirma que se requieren 12 pastillas: “Seis la primera noche, dos debajo de la lengua y cuatro intravaginales. Las otras, 24 horas después”. El hombre continúa su asesoría y dice que debe levantar las piernas por una hora, realizar actividad física y no consumir lácteos ni calmantes. Por último, concluye afirmando que “si del cielo cae Cytotec, (se) aprende a hacer abortos”.
Esa conversación hace parte de una investigación conjunta de la Policía y la Fiscalía contra una organización que estaba vendiendo ilegalmente Cytotec en todo el país, un medicamento de uso restringido en Colombia. Las interceptaciones, conocidas por, sumadas a otras pruebas judiciales, demostrarían que esta organización ya venía comercializando el fármaco desde hace varios años y sugiriendo, además, cómo emplearlo para abortar sin ningún conocimiento en el tema. El caso se inició por una denuncia que alertó sobre la venta de este medicamento en páginas de internet, sin contar con los requisitos legales para su óptimo manejo.
La Dijín asegura que la banda verificaba cuándo había sido el último período de la gestante y que, en efecto, el feto no sobrepasara tres meses y medio. “Era un negocio que generaba mucho dinero por la dosificación de las tabletas, pues en la caja venían 28 pastillas. Entre semana, más o menos, recaudaban entre $4 y $5 millones”, aseguró el investigador. Las pesquisas permitieron concluir por cuál vía entregaban el fármaco y cómo recaudaban el dinero.
Las autoridades tienen registros de que esta banda distribuía el Cytotec en todo el país. Para ello, aparentemente, Diana Paola Moyano, su esposo, Marcelo Méndez Bernal, y Alan Santiago Amaya recaudaban el dinero que era abonado por las mujeres mediante empresas de giros. Como soporte, exigían copia de la factura de consignación para enviar, por la misma vía, el medicamento regulado. Mientras tanto, Daniel Felipe Rubiano Salamanca, otro de los supuestos integrantes, era el mensajero de la droga en Bogotá, al igual que la joven Laura Aroca Narváez.
Además, en las interceptaciones se escuchó hablar a los implicados sobre reiteradas entregas de este medicamento en inmediaciones de estaciones del sistema Transmilenio.
Incluso, en las conversaciones dejaron entrever el ofrecimiento de este medicamento a menores de edad. En otra charla, y luego de que Narváez le dijera a Nubia que las mujeres recomiendan el Cytotec por si “quieren salir de eso (el embarazo)”, le advierte además que se debe preguntar por la edad porque de eso depende la cantidad de pastillas que debe consumir “para que dilate más”. Y añade Narváez: “El problema es que han salido muchas ‘culicagadas de 15 años’”. Nubia replica que la mujer que se comunicó con ella era niña, porque así lo demostraba su fotografía en WhatsApp. Su interlocutor sugirió que era mejor que la menor les contara a sus papás, “porque el problema es que donde pase algo se meten en problemas con ellos”.
Héctor Augusto González, ginecólogo obstetra y miembro de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, aseguró que el medicamento también conocido como Misoprostol, se utiliza para las interrupciones voluntarias de embarazo —de acuerdo con los tres casos permitidos por la Corte Constitucional—, para controlar hemorragias después del parto y, además, para producir contracciones en algunos casos de gestación.
Si bien este fármaco es utilizado actualmente, es claro que debe contar con fórmula médica e indicaciones especializadas. En caso “de no usarse adecuadamente, las mujeres pueden tener sangrados abundantes, que incluso pueden llevar a la muerte, o rupturas uterinas”, advirtió.
De manera paralela, el investigador de la Dijín aseguró que esta sociedad también despachaba medicamentos traídos de contrabando desde otros países, especialmente de Ecuador, y les borraban las fechas de vencimiento y rastros, dejando ver su actuar delictivo.
Julio César Mateus Hernández y su pareja, Adriana Marcela Díaz Hernández, también capturados, eran los encargados de administrar una bodega de fármacos en el barrio Carabelas, en Bogotá. En ese predio, al igual que en un apartamento en Soacha (Cundinamarca), también almacenaban medicamentos que fueron decomisados por la Fiscalía.
