Banco de la República argumenta que el el aumento del salario mínimo puede destruir el empleo formal
El país sigue discutiendo el proyecto de ley del senador Álvaro Uribe Vélez que busca darle facultades extraordinarias al presidente Iván Duque para que si lo cree conveniente realice “un incremento extraordinario por una sola vez del salario mínimo legal mensual vigente”. La propuesta motivó al representante a la cámara Víctor Manuel Ortiz a pedirle un concepto al Banco de la República frente a la iniciativa.
“Dado que el proyecto de ley otorga al presidente de la República facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley, y que se desconoce el alcance de las medidas que serían expedidas al amparo de éstas, el Banco de la República no cuenta con información que permita cuantificar su impacto sobre la inflación”, respondió el gerente del Emisor, Juan José Echavarría.
Por ejemplo, los estudios concluyen que aumentos del salario mínimo “disminuyen la creación y aumentan la destrucción de empleo formal. Para el promedio de las empresas, un aumento de 1% en el costo de la nómina por cuenta del incremento del salario mínimo podría destruir 18.000 puestos de trabajo formales en tres meses”.
Asimismo, las investigaciones advierten que un salario mínimo más alto aumenta la informalidad y disminuye la calidad del empleo. De hecho, las estimaciones sugieren que un incremento del 1 % en los costos de nómina pueden provocar alrededor 21.000 empleos informales.
Por otro lado, estadios indican que “el salario mínimo disminuye la flexibilidad de los salarios y afecta la probabilidad de contratación de los trabajadores menos educados y/o más jóvenes, especialmente en períodos, como el actual, de una relativa desaceleración económica”.
Por lo que, aunque el Emisor no emita un concepto directo sobre la propuesta del senador Uribe, sí advierte sobre los efectos de los incrementos en el salario mínimo. El proyecto de ley tampoco ha recibido el respaldo de los sindicatos y analistas, y gremios como Acopi advierten que las pymes serían las más afectadas si se aprueba. De hecho, solo la Andi ha respaldado la iniciativa.
