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Al menos 2 mil miembros asesinados

Veinte años después, el Estado tendrá que comparecer ante la CIDH por el exterminio de la UP

La UP fue fundada en 1985 como parte de un proceso de paz iniciado un año antes por las FARC con el Gobierno del entonces presidente colombiano Belisario Betancur.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que presentó ante la CorteIDH un caso sobre Colombia por considerar que el Estado falló al no proteger a los miembros del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP), que perdió a miles de sus integrantes en los años 80 y 90. Entre los años 80 y 90, tres de los principales dirigentes de la UP fueron asesinados así como al menos 2.000 de sus miembros

Según detalló la CIDH en un comunicado, el caso engloba las "sucesivas y graves violaciones de derechos humanos" cometidas contra más de 6.000 personas que se integraron en la UP desde 1984, un año antes de su fundación, indicó Efe.

La UP fue fundada en 1985 como parte de un proceso de paz iniciado un año antes por las FARC con el Gobierno del entonces presidente colombiano Belisario Betancur. Betancur fue uno de los primeros en buscar una solución pacífica al conflicto colombiano y firmó en 1984 un acuerdo. Ese pacto con las FARC nunca llegó a concretarse, pero la UP nació de algunos frentes desmovilizados de la guerrilla y de otros movimientos.

La CIDH, con sede en Washington, sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , con sede en Costa Rica, el 29 de junio de este año porque consideró que el Estado de Colombia no cumplió con las recomendaciones contenidas en su informe de fondo, aunque lo anunció el miércoles.

En ese documento, la Comisión apuntó que las investigaciones de Colombia "han sido incipientes e insuficientes, y no han logrado proveer, ni a las víctimas sobrevivientes, ni a los familiares de las víctimas fallecidas, ni a la sociedad colombiana en su conjunto, de un verdadero esclarecimiento sobre las responsabilidades del exterminio" de los integrantes de UP.

En consecuencia, la CIDH concluyó que el Estado colombiano "violó el derecho a las garantías judiciales y protección judicial". Para la Comisión, la persecución contra los miembros de UP fue un "exterminio" y ha establecido en su informe que los hechos "alcanzaron una gravedad y magnitud inusitadas". La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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