El mayor Julio César Parga Rivas no pedirá disculpas. A nadie. No tiene por qué. Lo asegura en un breve diálogo telefónico que se dio repentinamente después de buscarlo durante varias semanas. El mayor no quiere pedir perdón públicamente a los familiares ni a las víctimas, pese a que tuvo que ver con el homicidio de 43 personas. No quiso hablar porque para él esos hechos ya son pasado. Prefirió guardar silencio justo por la época en que la señora Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, vino a Colombia por primera vez a indagar sobre los “falsos positivos".
Hace algunos años conocí el nombre del mayor. Se le mencionaba de manera intermitente en las largas conversaciones que tenía con familiares y amigos de las víctimas de “falsos positivos” de la ciudad de Popayán o con abogados que les hacían seguimiento a casos en que se le vinculaba por los mismos hechos o con periodistas a los que buscaba incansablemente para indagar sobre el tema.
Un patrón común que se repitió en otras regiones de Colombia. Personas llevadas a través de engaños o por la fuerza desde sus lugares de origen hacia otras tierras. Para quitarles la vida. Para presentarlos como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. La Coordinación-Colombia-Europa-Estados-Unidos registró 3.512 casos entre los años 2002 y 2010. Período que duró el mandato del entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, hoy senador del partido político Centro Democrático.
Un dato abultado que se puede quedar corto. No solo porque las cifras podrían aumentar, sino porque aún se desconocen los detalles de cómo se cometieron estos delitos, más allá de creer que fueron solamente soldados matando civiles.
Después de que bajo el gobierno de Uribe Vélez se expidiera la Directiva Ministerial Permanente No. 29 de 2005, la cual promovía el desarrollo de criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia, entre otras actividades, la presión para obtener resultados recayó sobre las líneas de mando de las unidades militares del Ejército Nacional.
Algunos, para responder a estas exigencias y buscando otro tipo de beneficios, comenzaron a tejer una serie de alianzas que tendrían como resultados acciones criminales que estremecieron al país. El Grupo Gaula de Córdoba es un ejemplo de ello. Según el informe de Human Rights Watch “El rol de los altos mandos en falsos positivos”, entre 2006 y 2007 fue la unidad de la Decimoprimera Brigada que más bajas reportó: 52 “falsos positivos” en total.
Según las declaraciones del capitán Antonio Rozo Valbuena, quien hizo parte del Gaula de Córdoba desde su creación, durante el año 2006 las extorsiones en el departamento se habían disparado. “Como la política para medir operacionalmente a una unidad militar eran las muertes en combate, el mayor Óscar Alberto Acuña Arroyo, presionado y con los deseos de mostrar resultados, diseñó un plan para obtenerlos”, mencionó el 2 de febrero de 2012 en una indagatoria ante la Fiscalía.
Óscar Alberto Acuña, entonces comandante del Grupo Gaula Córdoba, se reunió con Jorge Elías Fontalvo, detective del extinto DAS; con Jesús David Cartagena, miembro del CTI, y con Antonio Rozo Valbuena, capitán del Gaula. La alianza surgió y la primera tarea no se hizo esperar. Acordaron que para dar las bajas debían recibir una noticia criminal, una denuncia que les permitiera “amarrar” las muertes en combate. No se permitieron más las capturas, desde ese momento solo se aceptarían bajas.
“Eso me lo dijeron Fontalvo y Cartagena. Ellos verificarían el lugar de los hechos antes de informar a las autoridades competentes para que realizaran el levantamiento de los cadáveres, de tal manera que tendrían tiempo para alterar la escena si fuese necesario, es decir, manipular los cuerpos o los elementos materiales probatorios”, declaró Rozo Valbuena.
Furia 19 fue una de las primeras misiones tácticas del Grupo Gaula de Córdoba que se llevaron a cabo para obtener estos resultados. Se realizó el 16 de agosto de 2006 en la vereda la Victoria del municipio de Montería. En ese momento se reportó la muerte de dos supuestos extorsionistas que luego serían identificados. Cartagena y Fontalvo verificaron que todo estuviera en orden y dieron el visto bueno para que la Policía Judicial del CTI y el Fiscal de turno llegaran a realizar el levantamiento. Las felicitaciones del mayor Acuña no se hicieron esperar.
