El último informe del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU (Simci) confirma que, como solía decir la oposición uribista en tiempos de Santos, Colombia está "nadando en coca". En 2017, el volumen total de narcocultivos creció de 146.000 a 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que se tienen registros.

La producción potencial de cocaína también superó la cota de años anteriores, hasta rozar las 1.400 toneladas. Esa tendencia alcista, es una constante desde 2013, cuando había solo 48.000 hectáreas dedicadas a este tipo de cultivos, mucho más rentables que los tradicionales para los agricultores, ha llevado a Estados Unidos a expresar en alto su preocupación.

Sin embargo, el mandatario estadounidense no ha ahorrado en elogios para su homólogo colombiano durante su estancia en Nueva York. “Una de las razones por las que me siento tan complacido de ver la victoria de Duque es por su lucha contra el narcotráfico. Si le va bien, fabuloso. Si no le va bien, será un presidente más de Colombia”, dijo en la víspera, tras un encuentro bilateral. Trump visitará Colombia en diciembre.

“Es cierto que debemos hacer más en materia de prevención y atención a los adictos desde un enfoque de salud pública”, remarcó Duque, en un discurso que puso énfasis en la legalidad y en la importancia del imperio de la ley.

Siguiendo la misma línea apuntó: “Pero no es menos cierto que el narcotráfico en Colombia es un depredador del medioambiente, un destructor de instituciones, un corruptor social. Luchar contra este fenómeno y al mismo tiempo promover una sociedad que rechace las drogas por sus efectos devastadores en la salud y la sociedad, es nuestro deber moral”.

Duque aspira a enfrentar la narcobonanza con un plan que incluye, además del fortalecimiento de la interdicción aérea, marítima y terrestre, una ofensiva militar contra las disidencias de las FARC que se apartaron de la negociación de paz y otras bandas criminales que han copado los espacios abandonados por la antigua guerrilla, hoy desarmada y transformada en partido político.

Su Gobierno también contempla el regreso de las controvertidas fumigaciones con glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno. Aunque Estados Unidos promueve su uso, Colombia había abandonado las aspersiones aéreas en 2015 por un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En julio se realizó el primer plan piloto de aspersión aérea con drones.

El nuevo Ejecutivo colombiano favorece la erradicación forzosa y reniega de las iniciativas voluntarias pactadas con las comunidades de campesinos, aunque ha dicho que respetará los que sean viables y eficaces. El regreso al enfoque prohibicionista lo confirma el decreto que Duque firmará esta semana para entregarle facultades a la policía con el propósito de incautar la dosis personal -o mínima- de droga, despenalizada por la Corte Constitucional desde 1994, lo que ha agitado un intenso debate sobre la lucha contra el consumo.

Desde la Cumbre de las Américas de Cartagena, en el año 2012, Santos invocó la necesidad de hacer una revisión a fondo de la estrategia global contra las drogas y sus resultados basada en evidencias, con criterios científicos. Sin aterrizar del todo su propuesta, planteaba despenalizar a los pequeños cultivadores y consumidores y concentrar los esfuerzos en combatir los eslabones más fuertes de la cadena, como grandes narcotraficantes, proveedores de insumos químicos y organizaciones que facilitan el lavado de activos. También abordar el consumo más como un asunto de salud pública y derechos humanos, y menos de política criminal.

El ya ex presidente solía invocar la autoridad de Colombia como el país que más sacrificios ha hecho en la guerra contra las drogas, pero el crecimiento de los narcocultivos restó peso a la oportunidad de repensar el problema.