Campesinos e indígenas del Catatumbo en conflicto por reserva campesina
La Corte Constitucional tendrá este miércoles una audiencia de seguimiento de un tema que tiene expectantes a dos comunidades presentes en la región del Catatumbo: la creación de la primera Zona de Reserva Campesina ZRC. Por estos días, indígenas del pueblo motilón barí y campesinos de esa zona de Norte de Santander dan cumplimiento a la mesa consultiva ordenada por el alto tribunal en la sentencia del pasado 3 de febrero, en la cual les solicitó a entidades estatales tomar una serie de medidas encaminadas a solucionar el pleito por el territorio que sostienen estas dos comunidades.
Javier Flórez, director de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, entidad que acompaña le mesa consultiva liderada por el Ministerio de Agricultura, explicó que estos diálogos han dejado ver que las comunidades tienen intereses distintos, lo que dificulta una concertación entre indígenas y campesinos. “La mesa consultiva es la que nos va a dar el resultado de los polígonos que serán tenidos en cuenta para la constitución de la ZRC y el saneamiento del resguardo indígena. Mientras eso no se solucione, es muy complicado para la Agencia continuar con ese proceso”, sostiene Flórez.
Entre los argumentos presentados en primera instancia, Diego Elías Dora explicó que estos dos resguardos, reconocidos por la autoridad civil en 1981, ocupan 122.000 hectáreas distribuidas entre los municipios de Tibú, El Carmen, Convención, Teorama y El Tarra.
“La comunidad (barí) tiene conocimiento de que ante el mismo Incoder cursa una solicitud de constitución de una ZRC sobre áreas parcialmente coincidentes con las referidas tierras de resguardo o en otros casos adyacentes a ellas, iniciativa que es promovida por representantes de los campesinos de la zona, agrupados en torno a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat)”, señaló Diego Elías Dora.
Históricamente, el Catatumbo ha sido cuna de diversas disputas sociales, económicas y culturales. Resalta, por ejemplo, la presencia que las Farc tuvieron en su momento, así como la de los paramilitares y otras organizaciones ilegales que aún buscan pescar en río revuelto y aprovecharse de una zona que es crucial por su paso fronterizo con Venezuela.
Al estudiar los argumentos de las partes, además de la participación del Consejo Autónomo de los Caciques, la Asociación del Pueblo Barí, la Defensoría del Pueblo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y Ascamcat, que había presentado nulidad por no haberla incluido entre las entidades vinculadas en este pleito, entre otras instituciones, el Tribunal de Cúcuta negó la tutela por considerar que el Incoder suspendió de manera voluntaria la ZRC y ya se había logrado lo solicitado a través de la tutela.
Diego Elías Dora, promotor de la tutela y representante legal de Ñatubaiyibari, explicó que la decisión de la Corte Constitucional es de vital importancia para defender los territorios que le pertenecen al pueblo barí. Este fallo, dice, es reivindicatoria por parte del Estado, que ha solicitado por varias décadas el saneamiento y la delimitación de los territorios indígenas en la región del Catatumbo.
“Nos oponemos a las zonas de reserva campesina porque traslapan los territorios del resguardo, así como buscan interponerse en zonas que estamos solicitando como parte de nuestra comunidad. La Corte Constitucional también señaló que hay que conformar una mesa consultiva con el pueblo barí para hablar sobre los territorios que se traslapan y plantear soluciones entre las partes (indígenas y campesinos)”, le dijo Diego Elías Dora.
Así, la Corte le ordena a la Agencia Nacional de Tierras que tome las medidas necesarias para solucionar lo más rápido posible la ampliación, el saneamiento y la delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra en un año como máximo. Este miércoles se sabrá si se están cumpliendo los compromisos.
