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Conflicto en la Guajira

Consejero Presidencial para las Regiones podría ir a la cárcel por corrupción

La audiencia se reanudará a las 8 de la mañana de este jueves y se espera la intervención del representante de la Procuraduría General.

La Fiscalía General le solicitó una medida de aseguramiento en contra del Alto Consejero Presidencial para las Regiones, Carlos Eduardo Correa y al alcalde de Montería, Marco Daniel Pineda en el proceso penal que se le adelanta por las presuntas irregularidades que rodearon la celebración del contrato para la restauración del coliseo “Happy Lora” en la capital de Córdoba en el año 2011.

En el proceso judicial que se adelantó por petición de la fiscal del caso, Correa y Pineda se declararon inocentes de los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.

Correa, quien se desempeñó como alcalde de Montería entre los años 2012 a 2015, fue señalado de haber firmado el contrato entre la Alcaldía y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporta y la Gestión Social por un valor cercano a los 12.500 millones de pesos.

Sin embargo, para la Fiscalía General en la ejecución de la obra se presentaron sobrecostos y demoras injustificadas que impidieron que el “Happy Lora” fuera utilizado para las competencias de boxeo de los Juegos. Resalta que en el cronograma se estableció la entrega de la obra para noviembre de 2012, sin embargo la misma no fue presentada hasta marzo de 2017.

La audiencia se reanudará a las 8 de la mañana de este jueves y se espera la intervención del representante de la Procuraduría General y los abogados de los procesados. Correa y Pineda fueron capturados el pasado viernes por agentes del CTI y actualmente se encuentran privados de su libertad en los calabozos del antiguo edificio del DAS en el centro de Bogotá.

El Coliseo, según las investigaciones de la Fiscalía, se entregó “con variaciones sustanciales” frente al proyecto inicial. El ente investigador sostiene que el exalcalde y el actual mandatario no tomaron cartas en el asunto frente a estas irregularidades, omitiendo de esta forma sus funciones de control y protección del patrimonio público de los cordobeses.

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