Transparencia por Colombia realizó un seguimiento entre 2015 y 2016 a la gestión que realizan las alcaldías y gobernaciones en conjunto con las contralorías departamentales y otras entidades públicas del nivel nacional, con lo cual llegó a la conclusión de que la gran mayoría de entidades públicas presentan Riesgo Alto y Muy Alto de Corrupción.

Dentro de ese índice las de situación más vulnerable, con un 60%, fueron las 28 alcaldías evaluadas, el 50% de las 32 contralorías departamentales, el 40% de las gobernaciones y el 19% de las entidades nacionales.

Según Gerardo Andrés Hernández, director ejecutivo de la Corporación y quien fue citado en el informe, "los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino además para controlar el territorio y sus poblaciones".

El informe advierte que la gestión pública colombiana continúa en riesgo de corrupción, por lo que la organización hizo un llamado a la ciudadanía para ejercer control a los bienes públicos y a las entidades nacionales y territoriales para aplicar con más rigor la normatividad vigente.

Entre las prácticas que más preocupan en las entidades públicas está la contratación directa, la cual se realiza el 74% de las veces en el nivel nacional, 59% en el departamental y 41% en el municipal.

De igual modo, la ONG también señaló que preocupa la realización de licitaciones con un solo proponente, lo cual ocurre el 59% de las veces en las gobernaciones y el 53% en las alcaldías.