En un documento de 28 páginas, la Procuraduría ordenó “la apertura de investigación disciplinaria” contra Bárcena Villarreal y Sánchez Gutiérrez y, además, determinó que en días próximos hará una visita especial al Ministerio de Transporte. En total, son seis los contratos que podrían estar comprometidos, y la Procuraduría quiere saber también si esos se cancelaron con recursos del BID.

Esto último es un detalle muy importante, pues la Procuraduría también abrió investigación contra Roberto Prieto, en agosto de este año, para establecer si acaso él, como director ejecutivo del BID Banco Interamericano de Desarrollo para Colombia, aprobó recursos para iniciativas de entidades estatales colombianas con una “condición” intrínseca: que, a su vez, se contratara a Marketmedios Comunicaciones S. A., la empresa de su familia.

Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, por su parte, firmó tres contratos con Marketmedios que hoy generan dudas en la Procuraduría. El primero es el 413 de 2016, por $553 millones, también para actividades relacionadas con la seguridad vial. El 463 de 2016, “para la promoción y fomento de la Política Nacional Logística”, por $396 millones. El último, el 595 de 2016, igualmente tenía que ver con seguridad vial y campañas relacionadas. Los tres contaban con el auspicio del BID.

La Procuraduría todavía analiza si se abren investigaciones por contratos de Marketmedios con RTVC, la Registraduría Nacional, el Fondo Nacional del Ahorro, el Fondo de Promoción Turística, Findeter, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Víctimas o el Icetex. Por eso, se ordenó desglosar “las piezas procesales”, con el fin de tener uno a uno la información de todos los contratos en cuestión. Así las cosas, más funcionarios podrían resultar investigados.