A pesar de que algunos usuarios celebraron la medida, la Contraloría Distrital desde ese momento puso la lupa en la decisión, al considerar que esto se configuraba en un subsidio que era ilegal y que el exalcalde no contaba con un respaldo fiscal que blindara la medida para evitar un detrimento.

La sanción inhabilita también al exalcalde para ejercer cargos públicos hasta tanto se reponga el dinero, lo que indica que quedaría al margen de las elecciones de 2018.

Conocido el fallo, que firma el actual contralor de Bogotá,Juan Carlos Granados, el exmandatario se pronunció a través de su cuenta en Twitter. “Financiar el sistema de transporte masivo sólo con las tarifas de los usuarios, no sólo es anacrónico, sino lleva a la quiebra los sistemas (…)Por qué señor contralor distrital subsidiar usuarios de transporte es detrimento, pero subsidiar préstamos para compra de casas no”.

Además de Petro, la decisión afecta a su exsecretario de Hacienda, Ricardo Bonilla y a la exsecretaria de Movilidad, Ana Luisa Flechas, considerados los principales responsables de las posibles pérdidas que sufrió la capital. Al ser hallados responsables fiscalmente por el detrimento según la Contraloría, los procesados tendrán que reponer el dinero que supuestamente perdió la capital.

En el 2012 el Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización de la Contraloría Distrital hizo un seguimiento a las rebaja de las tarifas de Transmilenio y el SITP. La conclusión fue que, por la medida, entre agosto y noviembre de 2012 el Distrito dejó de recibir $64 mil millones.

Para mayo de 2013, la Dirección de Movilidad de la Contraloría advirtió que al monto que se estableció inicialmente se debían sumar $46.743 millones, recursos que el Distrito había dejado de recibir entre el 1° de diciembre de 2012 y el 20 de marzo de 2013. A pesar de que estos recursos se los ahorraron los ciudadanos, para el ente de control esto sería un detrimento que podría representar un riesgo para la sostenibilidad financiera del sistema de transporte.